Programa de Gobierno

Seamos honestos, la mayoría de los 7,2 millones de personas que participaron en la elección presidencial no conocieron las propuestas de las candidaturas presidenciales. Se conoce por encima, ideas sueltas, pero sin ahondar en el detalle, pues la discusión mediática estuvo centrada en otros aspectos.

La Constitución no obliga la existencia de un programa y menos su cumplimiento. La Ley Orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales no condiciona el acto de inscripción a la presentación de ideas o propuestas, para que decir evaluar el cumplimiento.

En la práctica todo candidato a un cargo de elección popular establece como prioridad su imagen, un slogan y folletería que contenga antecedentes de su trayectoria e ideas con valores universales. El proceso electoral chileno es más complejo, ya que los ciudadanos escrutan a los candidatos desde que aparece su primer opúsculo en algún medio de comunicación o pared. Pero tal como indican los resultados electorales, centralmente el votante se quedan con las variables gruesas: sector político al que se adscribe, experiencia e imagen pública.

En ese contexto el candidato podrá pensar lo que quiera y actuar de igual forma. Un candidato puede casarse y separarse después de 32 días. Un candidato puede cambiarse de sector político, renunciar al partido que lo promovió y terminar incólume. Se puede conocer que su trabajo como profesor universitario era mentira, que la experiencia declarada no era tal, y aún así no ser “castigado electoralmente” por la ciudadanía.

Recientemente la Derecha fundó su campaña presidencial en el agotamiento de la Concertación . A juicio de la derecha, la concertación estaba interdicta para seguir gobernando, y su fatiga ideológica le había llevado a incumplir sus promesas. Era mejor optar por el “cambio”.

Como es tradición, las candidaturas presidenciales mostraron sus respectivos programas y los concertacionistas que ganaron por elección popular, gobernaron ante la ciudadanía mostrando respecto a la fe pública por medio de una agenda política propuesta al país en sus respectivos periodos.

Entonces la ciudadanía puede encontrar en la diferencia, entre lo expresado en los respectivos programas con los resultados alcanzados y a partir de esto, formular el cumplimiento o incumplimiento. La consignación del documento escrito aporta la certeza, prueba el hecho y al estar revestido de fe pública queda dotado de una presunción de veracidad, no obstante carecer de requisitos y formalidades legales.


Como sabemos, en el periodo recién terminado de Bachelet, los instrumentos sociales de evaluación indican que la mandataria, principal figura política del país, es evaluada inéditamente con un 84% de aprobación . No obstante, la carga publicitaria de los medios de comunicación de Derecha, logró estampar ante los electores que la fe pública había sido dañada por el incumplimiento de promesas de campaña. Cuando en la práctica es una de las personas que más apegada a su programa gobernó. Es decir: cumplió.

Un programa de gobierno es un instrumento de evaluación que, al estar sin las formalidades propias de nuestro sistema legal y sin requisitos que permitan su control, hacen factible su total, parcial o nula utilización, como instrumento de control ciudadano.

Hoy asistimos al hecho que por causas de la naturaleza, atendibles y lamentables, el programa de gobierno de Sebastián Piñera Echenique, no será cumplido y debe ser modificado para enfrentar el nuevo escenario de “reconstrucción”.

Cabe preguntarse entonces, ¿Cuánto de lo comprometido es razonable que sea cumplido, bajo este nuevo escenario social ,todas las propuestas presentadas, en éste contexto, se deben cambiar, el necesario plan de reconstrucción también afecta a las regiones de Arica y Punta Arenas?.

Sumemos a la falta de un programa malos filtros en la designación de cargos de confianza y el agravante de intereses económicos cruzados. Lo que vemos es que la “nueva forma de gobernar” incluye las mismas prácticas partidarias que fueron criticadas ayer.

Primero, se requiere de instrumentos formales que permita evaluar el quehacer del gobierno. Dejar esa responsabilidad solo a los instrumentos privados de medición social es dejar que el mercado regule . De ser así las encuestas dirán lo que quieran quienes las dirijan o soliciten.

Segundo, es imprescindible conocer el programa de gobierno actualizado. Piñera le debe certezas y definiciones a la ciudadanía que lo votó (claro, llevado al contexto de la reconstrucción). Como no existe formalidad legal para un programa, la fe pública queda relegada a la buena voluntad del accionista mayoritario y de sus parroquianos.

Por último, al ser evidente que no se podrá cumplir lo que fue dicho en los programas con que se hizo campaña -más aún si se ofreció excelencia - y esta no ha llegado, ayudaría a que en los futuros procesos electorales las ideas gobiernen por sobre la imagen. Se debe disponer como condición de entrada a la inscripción de un candidato un programa de ideas. Documento que permita dar cuenta pública de los compromisos que un candidato desea suscribir al postular a Concejal, Alcalde, Diputado, Senador y Presidente o Presidenta y que luego la fe pública evaluará.