Programa de Gobierno

Más de alguien ha dicho en el tiempo que un programa de gobierno es como “ley muerta”. Se requiere el texto, mostrar su existencia, pero no necesariamente se utilizará cabalmente, no obstante siempre hay quienes tienen cifradas esperanza en él..

Seamos honestos, los 7,2 millones de electores que participaron en diciembre de 2009 o en enero de 2010, no necesariamente conocieron las propuestas e ideas expresadas por las candidaturas presidenciales. Se termina conociendo por encima, ideas sueltas, pero sin ahondar en el detalle, pues la discusión mediática estuvo centrada en otros aspectos.

La Constitución no establece el imperativo de su existencia y menos su cumplimiento. La Ley Orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales, no incluye definición alguna a la hora de las inscripciones electorales, condicionando el acto a la presentación de ideas o propuestas para que decir, evaluar el cumplimiento.

En la práctica todo candidato a un cargo de elección popular, establece como prioridad su imagen, un slogan y folletería que contenga antecedentes de su trayectoria e ideas con valores universales. Sabemos que el proceso electoral chileno es más complejo que esto, ya que los ciudadanos escrutan a los candidatos desde que aparece su primer opúsculo en algún medio de comunicación o pared. Pero tal como indican los resultados electorales, centralmente el votante se quedan con las variables gruesas: sector político al que se adscribe, experiencia e imagen pública.

En ese contexto el candidato podrá pensar lo que quiera y actuar de igual forma. Un candidato puede casarse y separarse después de 32 días. Un candidato puede cambiarse de sector político, renunciar al partido que lo promovió y terminar incólume. Se puede conocer que no hacia clases en una Universidad, que la experiencia declarada no era tal, pero aún así no llegar a ser “castigado electoralmente” por la ciudadanía.

Recientemente la Derecha fundó su campaña presidencial, en el agotamiento de la Concertación , pues a su juicio estaba interdicta para seguir gobernando, y su fatiga ideológica le había llevado a incumplir sus promesas. Era mejor optar por el “cambio”.

Como es tradición, las candidaturas presidenciales, mostraron sus respectivos programas y los concertacionistas que fueron electos en deliberación popular, gobernaron guiados por su agenda política propuesta al país para sus respectivos periodos.

Entonces la fe pública puede encontrar en la diferencia, entre lo expresado en los respectivos programas con los resultados alcanzados y a partir de esto, formular el cumplimiento o incumplimiento. La consignación del documento escrito aporta la certeza, prueba el hecho y al estar revestido de fe pública queda dotado de una presunción de veracidad, no obstante carecer de requisitos y formalidades legales.

La sola búsqueda de invalidar los resultados por la vía publicitaria, debiera ser visto como un delito a la fe pública, de no tener evidencias.

Como sabemos, en el periodo recién terminado de Bachelet, los instrumentos sociales de evaluación indican que la mandataria, principal figura política del país, es evaluada inéditamente con un 84% de aprobación por su forma de gobernar. No obstante la carga publicitaria logro estampar ante los electores que la fe pública había sido dañada por el incumplimiento de promesas de campaña. Cuando en la práctica es una de las personas que más apegada a su programa gobernó. Es decir: cumplió.

Entonces un programa de gobierno igual pasa a ser un instrumento de evaluación que al estar sin las formalidades propias de nuestro sistema legal y sin requisitos que permitan su control, hacen factible su total, parcial o nula utilización, como instrumento de control ciudadano.

Hoy asistimos al hecho que por causas de la naturaleza, atendibles y lamentables, el programa de gobierno de Sebastián Piñera Echenique, no será cumplido y debe ser modificado para enfrentar el nuevo escenario de “reconstrucción”.

Cabe preguntarse entonces, ¿Cuánto de lo comprometido es razonable que sea cumplido, bajo este nuevo escenario social ?. ¿Todas las propuestas presentadas, en éste contexto, se deben cambiar?.

Sumemos a la falta de un programa, que la “nueva forma de gobernar” incluye, las mismas prácticas partidarias que fueron criticadas ayer, malos filtros en la designación de cargos de confianza con el agravante de intereses económicos cruzados.

Concluyamos que claramente se requiere de instrumentos formales que permita evaluar el quehacer del gobierno, para no dejar tan solo esa responsabilidad a los instrumentos sociales de medición. Esto es dejar simplemente que el mercado regule todo, entonces las encuestas dirán y quienes las dirijan o soliciten.

Segundo, es imprescindible conocer el programa de gobierno actualizado, Piñera le debe a la ciudadanía que votó certezas y definiciones, claro llevado al contexto de la reconstrucción. Como no existe formalidad legal para un programa, la fe pública queda relegada a la buena voluntad del accionista mayoritario y de sus parroquianos.

Por último esta experiencia debería permitir -más aún si de excelencia hablamos por estos días-, que en los futuros procesos electorales las ideas gobiernen por sobre la imagen. Esto significa que se debe disponer como condición de entrada a la inscripción de un candidato: un programa de ideas. Documento que permita dar cuenta pública de los compromisos que un candidato desea suscribir al postular a Concejal, Alcalde, Diputado, Senador y Presidente o Presidenta y que luego la fe pública evaluará.